Nueva Reforma a la Justicia presentará el gobierno para esquivar impedimentos

Como la actual Reforma la Justicia pone en duda que la Corte Suprema sea la única instancia para juzgar a los congresistas, varios investigados pueden estar impedidos para votarla. Por eso el gobierno decidió hacer borrón y cuenta nueva.

Tras un análisis de los impedimentos que presentarían los congresistas para votar la Reforma a la Justicia, el gobierno desistió de la aprobación del proyecto que presentó en la Comisión Primera del Senado y decidió presentar uno nuevo. La nueva Reforma dejaría en manos de la Corte Suprema el surtimiento de los procesos de investigación y juzgamiento de los congresistas, con el fin de que no se afecten las investigaciones de la parapolìtica. Los cambios de la nueva reforma tampoco se aplicarían de manera inmediata, sino a partir de 2010.

En un comunicado, el gobierno explicó que “de todas formas, el proyecto de acto legislativo consagrará una norma que deje claramente establecido que de ninguna manera se podrán invocar los principios de favorabilidad o aplicación retroactiva de sus disposiciones".

El proyecto original, que había sido radicado en la Comisión Primera, contempla la creación de una doble instancia para separar la investigación y juzgamiento de los congresistas. Debido a que varios congresistas se enfrentan a un conflicto de interés, pues en este momento son investigados por presuntos vínculos con grupos ilegales aramdos, el proyecto estaba expuesto a su hundimiento por falta de votantes.

Un congresista no puede votar un proyecto que afecta directa o indirectamente sus intereses y hacerlo implica la pérdida de su investidura. Esta norma fue la que generó temor entre los congresistas de la coalición del gobierno, a pesar de que en varias de las reuniones con el presidente Álvaro Uribe, este los instó a sacar coraje para aprobarlo, como si la cuestión fuera de voluntad y no de cumplir con las normas intitucionales.
Sin embargo, el primer mandatario ya había dicho que si era necesario aceptaba la eliminación de la doble instancia con tal de que el proyecto fuera aprobado.

Las razones no son infundadas: 10 de los 19 congresistas tenían motivos para no participar de la votación, pues son investigados por la Corte o están reemplazando a personas investigadas. Ellos son: Javier Cáceres y Alfonso Valdivieso (de Cambio Radical), los conservadores Eduardo Enríquez, Roberto Gerlein y Carlina Rodríguez, el liberal Luis Fernando Velasco; Armando Benedetti, Jorge Visbal y Juan Carlos Vélez (de La U); y Gustavo Petro (del Polo).

De los nueve restantes, cuatro votarían por el No o se abstendrían (los liberales Héctor Helí Rojas, Juan Cristo y Jesús García y Parmenio Cuéllar, del Polo). Es decir, la reforma no pasaría ni siquiera el primero de sus ocho debates.

Pero además de los impedimentos, al proyecto se le han presentado otros obstáculos: las críticas de las altas cortes y de la oposición. La Rama Judicial considera que como está el proyecto lo que se busca es una modificación de la forma de elección de los integrantes de los organismos de Justicia, pero no una reforma para hacer más efectiva la Justicia y cercana a la ciudadanía.

Desde que se conoció que Guillermo Valencia Cossio, hermano del actual Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio y quien fungía como director de fiscalías de Antioquia, está siendo investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes, varios congresistas han expresado su rechazo a que el Ministro sea el interlocutor del gobierno.

Por qué tanto interés del gobierno

La aprobación de la Reforma a la Justicia está ligada a la posibilidad de una nueva reelección presidencial y por eso es tan urgente para el gobierno sacarla adelante. La razón es que una segunda reelección consecutiva llevaría a hacerle un cambio sustancial a la Constitución, pues esta está diseñada para un Presidente que dura cuatro años, y cuya incidencia en el nombramiento de los organismos de control y de los magistrados de las cortes está limitada. Así, estos altos funcionarios desempeñan buena parte de sus períodos durante el gobierno que no los nombró, y los magistrados están nombrados por 8 años y no por 4.

Pero si el Presidente dura 12 años en el poder, esos cargos que deben funcionar como contrapesos del Ejecutivo para garantizar la democracia, quedarían atornillados a los intereses del gobierno, y se rompería el equilibrio de los tres poderes.

La Ley que permita la segunda reelección del Presidente quedará lista antes de que sean aprobadas las reformas que se surten en el Congreso y auguran un álgido debate en lo que tiene que ver la separación de poderes y el sistema de pesos y contra pesos.

De ahí el interés del gobierno que se aprueben la reforma a la justicia, pues uno de los pilares de la misma es que le quita al Presidente la facultad de nombrar o proponer candidatos para ocupar las altas cortes.

Los magistrados de las altas cortes, según la reforma, serían nombrados por cada corte, es decir, por el sistema de cooptación. Y los organismos de control (Procurador, Contralor y Defensor) serían nombrados por el Congreso tras un concurso de méritos. En teoría, cada rama sería autónoma y no se daría el problema de concentración de poder en el Presidente.